Riba-roja podrá destinar su superávit a infraestructuras educativas, sociales, culturales, deportivas y de seguridad
Un decreto-ley regulará el uso de las inversiones en los municipios.
'HACIENDA' 28 de febrero de 2018
Los Ayuntamientos españoles destinarán 5.000 millones de superávit a la mejora de sus municipios en 2018 y 2019. Así lo ha anunciado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero en un encuentro a los más de 300 alcaldes de toda España, al que asistió el alcalde de Riba-roja, Robert Raga.
Este acuerdo es fruto de la reunión entre los máximos representantes de la FEMP y los del Ministerio de Hacienda y Función Pública, encabezados por su titular, Cristóbal Montoso, en la que se abordó también la derogación de la tasa de reposición y la regla de gasto.
De este encuentro salió el compromiso del Gobierno de poner en marcha un Decreto-Ley en el plazo de dos semanas puesto que la Ley de Presupuestos Generales del Estado aún no ha sido aprobada.
El presidente de la FEMP anunció que, a petición del Ministro, se remitiría muy pronto al Gobierno un listado con las áreas de reinversión del superávit que actualmente no aparecen contempladas como “financieramente sostenibles”, inversiones tales como infraestructuras educativas, sociales, culturales, deportivas y de seguridad, entre otras, así como bienes muebles para equiparar instalaciones municipales.
La FEMP estará vigilante para que se cumpla este compromiso, aseguró el Presidente, y la inversión del superávit arranque a la mayor brevedad. Caballero agradeció la respuesta de los alcaldes “lo vamos a conseguir todo por la determinación y el músculo político. Hemos conseguido entrar en el diálogo político de España, antes no existíamos”.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria destino en 2017 la cantidad de 2'5 millones de euros para financiar 25 proyectos y obras públicas, gracias al remanente obtenido en el presupuesto de 2016. En 2018, el gobierno municipal podrá destinar a financiar obras y servicios por valor de 1,5 millones de superávit, en base a lo que establezca el futuro Decreto-Ley.
“El Gobierno de Rajoy ha llevado a cabo una política muy restrictiva que nos ha impedido que nuestros vecinos dispongan de nuevos servicios y nuevas mejoras en su calidad de vida y que ha asfixiado a los Ayuntamientos. Riba-roja tiene 12 núcleos urbanos y por lo tanto una exigencia muy importante de servicios, como la limpieza o la seguridad”, asegura el alcalde Robert Raga.
Techo de gasto
Otra de las demandas de la Federación al Ejecutivo fue la de retomar los trabajos para impulsar un modelo de techo de gasto más eficiente y racional que fomente el ahorro. En este sentido, el Gobierno de ha comprometido en seguir avanzando a la mayor brevedad para favorecer un nuevo modelo.
Desde la FEMP se valoró positivamente el compromiso de Hacienda de emprender en paralelo “por primera vez en la historia de la democracia”, las negociaciones de la financiación Autonómica y Local.
Tasa de reposición
Otro de los puntos abordados con Montoro, del que dio cuenta el presidente de la FEMP a los asistentes, fue el relativo a la tasa de reposición porque, dijo “somos una administración eficaz pero queremos ser extremadamente eficaz y eso significa que necesitamos efectivos profesionalizados”, y subrayó que la Local fue la Administración que perdió mayor número de efectivos, más de 100.000, durante los últimos años.
La FEMP reiteró que el cumplimiento con la estabilidad financiera debe otorgar mayor autonomía a los ayuntamiento pata reforzar sus plantillas.
La necesidad de contratación de efectivos para mejorar algunos servicios municipales como la seguridad ciudadana es una de las principales demandas del gobierno municipal. A ello se une que el 40 % de los empleados públicos del Ayuntamiento de Riba-roja se encuentra "en situación irregular" al estar clasificados como personal interino o temporal.
“Una buena parte de los trabajadores tienen contratos que superan los 10 y 15 años de duración, una situación que necesitamos regularidad” matiza el alcalde, quien apunta también la necesidad de cubrir vacantes. El gobierno de Riba-roja de Túria ya encargó el pasado año una auditoria laboral para analizar la situación administrativa de los 343 empleados públicos del consistorio.
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