La Guardia Civil intensificará la vigilancia y el control de hurtos en Riba-roja con la Unidad de Seguridad Ciudadana

 
Así ha quedado de manifiesto en la reunión mantenida esta mañana por el alcalde de Riba-roja, Robert Raga con el subdelegado del Gobierno, José Vicente Herrera, en la que le ha trasladado sus inquietudes acerca de las últimas cifras de robos en viviendas y polígonos. Concretamente la zona industrial ha contabilizado 6 robos desde el mes de diciembre. A lo largo de 2017 se registraron más de un centenar.

 
A la reunión también ha asistido el coronel Amador Escalada, Jefe de la Comandancia de Valencia,  el Teniente del puesto principal de la Guardia Civil en Riba-roja, David Crespo y el jefe de la Policía Local de Riba-roja. Ésta es la tercera reunión a la que ha asistido Robert Raga en las últimas dos semanas, tras las celebradas con la Dirección General de Emergencias y con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)

 
Escalada ha insistido en la necesidad de “intensificar el trabajo conjunto y coordinado entre las dos fuerzas de seguridad, Policía y Guardia Civil para atajar estas situaciones” .

 
“Es importante transmitir un mensaje claro de confianza y tranquilidad a la población” a afirmado el subdelegado del Gobierno, José Vicente Herrera, quien ha apuntado “la videovigilancia es actualmente uno de los mejores instrumentos de los que dispone la Policía para trabajar”.

 
Por su parte, el alcalde de Riba-roja ha aprovechado el encuentro para reclamar al subdelegado de Gobierno el incremento de efectivos de la Guardia Civil en Riba-roja que ha sufrido una merma del 20%, rozando actualmente la treintena, así como para solicitarle que estudien de nuevo la solicitud emitida desde el consistorio para permitir a la policía local patrullar de paisano para disuadir a los propietarios de mascotas que no retiran los excrementos de la vía pública e incumplen de esta forma la normativa.

 
Herrera ha emplazado de nuevo al alcalde a una próxima reunión a comienzos de marzo para abordar cuestiones como la normativa acerca de los circuitos cerrados de TV, la contratación de seguridad privada para espacios acotados o las limitaciones que existen en materia de personal para la incorporación de más efectivos a la plantilla municipal.