Riba-roja destinará hasta el 50% de las bajas en las adjudicaciones de los contratos públicos para financiar proyectos que reduzcan la huella de carbono

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la primera Ordenanza Reguladora de la compensación de la huella de carbono en el municipio cuyo objetivo pasa por reducir la emisión de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera. Esta ordenanza municipal es una iniciativa del equipo de gobierno del PSPV aprobada con el apoyo, además, del Partido Popular, Ciudadanos, Compromís, l’Esquerra y Podem Riba-roja Pot, mientras que Vox votó en contra.   

La puesta en marcha de esta ordenanza permitirá impulsar proyectos e iniciativas de absorción de dióxido de carbono (CO2) en la localidad y, al mismo tiempo, reducir la emisión de este tipo de gases de efecto invernadero en todos los servicios y obras que lleve a cabo, a partir de ahora, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en todo el término municipal. La financiación será público-privada, de tal forma que las empresas podrán desgravarse fiscalmente la totalidad del dinero invertido en cada proyecto declarado bien de interés general, tal y como queda especificado en la Ley de Mecenazgo. 

La ordenanza de Riba-roja de Túria incluye la creación de un registro en el que se recogerán todos los proyectos e iniciativas creados para disminuir la huella de carbono en el municipio y permitirá a las empresas comprar reducciones de emisiones hechas en otro proyecto local para compensar las emisiones generadas que se no puedan evitar, tales como los desplazamientos o los consumos energéticos. En este caso se hallan muchas de las empresas de logística que utilizan los vehículos para el transporte u otro tipo de empresas cuya actividad necesita de enormes cantidades de energía eléctrica para producir bienes. 

 

El registro local de proyectos de compensación por absorción de dióxido de carbono o reducción de gases de efecto invernadero estará formado por proyectos promovidos por el ayuntamiento o por terceros que desarrollen actividades y prácticas que aumenten el carbono mediante acciones relacionadas con el uso de la tierra o la selvicultura. Entre los tipos de proyectos destacan la repoblación forestal con la eliminación de plantas invasoras y su sustitución por vegetación autóctona o la recuperación de campos de cultivo abandonados del banco de tierras municipal con la plantación de frutales de temporada o viveros. 

Los proyectos de repoblación forestal deberán disponer de una superficie mínima de una hectárea, una cubierta de las copas de los árboles mínima del 20% en madurez, una altura potencial de los árboles mínima de 5 metros en madurez. El cálculo de las absorciones de dióxido de carbono se realizará a través de los métodos utilizados y aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica y que proporciona estimaciones para todas las especies arbóreas forestales del territorio de España, en función de las características de cada una de ellas. 

Además, en el registro se contemplarán proyectos de reducción de emisión de gases por efecto invernadero incluidos en el ámbito institucional del transporte, los residuos o los edificios municipales, entre otros. Las tipologías de los proyectos se centrarán en eficiencia energética en edificios municipales, proyectos fotovoltaicos conectados a red, alumbrado público con energía solar, tratamiento de residuos mediante compostaje doméstico o comunitario, cambio de flota de turismos, sistemas públicos de movilidad compartida y, por último, movilidad compartida-préstamo de bicicletas. 

La eficiencia energética debe cumplir como mínimo un edificio completo, los proyectos fotovoltaicos deberán generar un mínimo de 5 kilovatios, los proyectos de alumbrado deben contemplar la instalación de zonas sin instalación o la sustitución íntegra en zonas independientes, el tratamiento de residuos mediante compostaje doméstico o comunitario se extenderán a zonas residenciales íntegras y, por último, la movilidad compartida se aplicará a un mínimo de 5 vehículos. 

En los procesos de contratación municipal se destinará una parte proporcional de las bajas económicas realizadas por las adjudicaciones finales a la ejecución de los proyectos incluidos en el registro local. La cuantía a aportar dependerá de la envergadura de cada una de las licitaciones realizadas, aquellas con un importe superior a los 100.000 euros anuales destinarán un 50% de las bajas a la ejecución de los proyectos mientras que en los importes inferiores a los 100.000 euros se destinará un 25% en total.  

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha expresado la satisfacción “por llevar adelante un proyecto pionero en nuestro municipio que se suma a otras iniciativas y medidas que hemos adoptado para contribuir a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera ya que se trata de uno de los mayores males que hemos padeciendo actualmente en el mundo y, por ello, con esta ordenanza esperamos reducir las emisiones que generamos y absorber las que expulsamos en el día a día de nuestro municipio, en todas las acciones cotidianas y en todos los ámbitos, con una inversión público y privada en la que todos pueden estar representados”.